La recuperación de costes es un principio básico de la Directiva Marco del Agua, norma básica europea a considerar en la planificación hidrológica de Balears. Este principio no implica una recuperación de costes total o una subida del precio del agua. Más bien, promueve un sistema de tarifas del agua transparente, justo y sostenible que garantice la recaudación para poder invertir en infraestructuras hídricas necesarias para el adecuado abastecimiento y saneamiento, así como para cubrir los costes derivados de la recuperación ecológica de las masas de agua. Además, este principio debe implicar también una política de precios del agua que proporcione incentivos para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos.

¿Pero cuál es la situación en Ibiza y Formentera en relación a la transparencia de las cuentas del agua? La respuesta es negativa de acuerdo al estudio económico que incluye la reciente revisión plan hidrológico de Balears. Este estudio emplea datos generales de Mallorca para realizar la contabilidad de ingresos y gastos en nuestras islas. Esta grave deficiencia se produce a pesar que la revisión se llevó a cabo para evitar la sanción de la Comisión Europa por las deficiencias detectadas en el Plan Hidrológico. En particular, la autoridad europea exigía al Govern una mejora del estudio económico de recuperación de costes de los servicios del agua. Atendiendo a la revisión aprobada esta mejora sigue pendiente y todavía se desconoce qué dinero se recauda anualmente en las Pitiüses y cuáles son los gastos anuales en inversión para mejorar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Esta falta de transparencia en las cuentas del agua tiene una gravedad mayor dado el deficiente funcionamiento de las depuradoras como se ha visto este verano con numerosos vertidos de aguas residuales deficientemente a las aguas costeras Pitiüses.

El canon de saneamiento

Para realizar las cuentas del agua se debe tener en especial consideración el canon de saneamiento. Este tributo del Govern balear se estableció en el año 1991 con el objetivo de mejorar el nivel de conservación del medio ambiente acuático. Su aplicación contribuyó considerablemente a la mejora del tratamiento de las aguas residuales en Balears dado que posibilitó financiar la construcción y puesta en funcionamiento de estaciones de depuración aguas residuales (EDAR) en todo el archipiélago balear. Este canon se recauda aplicándose a la factura de los consumos de agua potable, llevados a cabo por los hogares y empresas. Es un impuesto finalista que originalmente estaba únicamente destinado a la financiación de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y su explotación y mantenimiento. Sin embargo, el canon dejó de ser finalista desde el año 2013 por la modificación de la Ley 9/1991 en la ley de presupuestos. Por ello, en la actualidad los ciudadanos y empresas pagan este canon en la factura del agua sin garantía alguna que se destine a la mejora de las depuración de las aguas residuales de nuestras islas.

La Clave

INVERSIONES
Pacto necesario
Es necesario un Pacto Insular del Agua entre todos los partidos políticos para garantizar un plan de inversiones a largo plazo que revierta el actual déficit de infraestructuras hídricas. Este es un objetivo que está promoviendo la Alianza por el Agua como espacio de debate y consenso. De esta manera, se podrá garantizar la ejecución de las infraestructuras hídricas de abastecimiento, saneamiento y reutilización necesarias en las Pitiusas y revertir el actual deterioro ambiental.

Esta situación es especialmente relevante en Ibiza y Formentera porque las depuradoras depuran deficientemente debido a la sobrepoblación estival y carecen mayoritariamente de sistemas de terciarios necesarios para la reutilización del agua. El Govern balear recauda alrededor de 10 millones de euros anuales del canon de saneamiento en Ibiza y Formentera pero realiza un gasto de mantenimiento de las depuradoras por un importe de 2,5 millones de euros anuales. Surge la pregunta si los 7,5 millones de euros restantes se destinan a mejorar las infraestructuras de depuración en Ibiza y Formentera o se destina a otras islas o otras partidas del Presupuesto del Govern. No se puede saber porque no existe un estudio económico que realice una obligatoria contabilidad de ingresos y gastos para cada isla del archipiélago balear. Por tanto, esta recaudación debería acompañarse con una transparencia en el destino de los tributos pagados mediante un estudio económico para cada isla.

Además, el déficit de infraestructuras hídricas se podría resolver devolviendo el carácter finalista del canon de saneamiento. En este sentido es una buena noticia que el Govern está dando los pasos para que el canon de saneamiento se destine de nuevo a la mejora de las infraestructuras de saneamiento. También este canon debería ampliarse a la financiación de todo el ciclo del agua. Es decir, se debería ampliar el destino de esta recaudación a las infraestructuras de abastecimiento así como a la recuperación ambiental de las masas de agua: ríos, torrentes, zonas húmedas y en especial acuíferos gravemente sobreexplotados en las Pitiüses, tal y como sucede en otras autonomías con el establecimiento de un canon del agua. El elevado desarrollo económico de Ibiza y Formentera posibilita una recaudación fiscal suficiente para garantizar la excelencia del ciclo integral del agua y por tanto no debe admitirse un déficit de infraestructuras hídricas como el que arrastran las Pitiüses desde hace décadas.

Pacto insular del agua

Este déficit de infraestructuras hídricas se remonta varias legislaturas atrás y llevar a cabo las infraestructuras necesarias para la mejora de los recursos hídricos requerirá varias legislaturas futuras. Por tanto, también es necesario un pacto insular del agua entre todos los partidos políticos para garantizar un plan de inversiones a largo plazo que no esté comprometido por los cambios de gobiernos. Este es el objetivo de la Alianza por el Agua como espacio de debate y consenso. En última instancia, y tal y como se recoge en el informe de WWF ¿Quien paga el agua? del año 2017, no se trata de pagar más, sino de mejorar el cálculo de los costes, compartir de manera transparente la información económica del uso del agua y planificar los recursos y los costes de forma eficiente y oportuna a medio y largo plazo. De esta manera, se podrá garantizar unas infraestructuras hídricas adecuadas al crecimiento demográfico estival que caracteriza a las islas Pitiüses y revertir el actual deterioro ambiental.