Cada vez con más frecuencia nos impactan noticias que demuestran que las previsiones sobre los efectos esperados del cambio climático ya se están cumpliendo. No me refiero sólo a las tremendas inundaciones ocurridas recientemente en las Baleares y diferentes partes de la costa mediterránea y sur de Francia, ni a que, hace unas semanas, el huracán Leslie atravesase la Península Ibérica convertido en tormenta tropical, causando importantes destrozos en Portugal. Hay que referirse también a la gravísima sequía, sin precedentes, sufrida por todo el norte de Europa desde principios de mayo hasta mediados de agosto de este año, que ha secado ríos y embalses, ha devastado cosechas y provocado ¡en Suecia¡ decenas de grandes incendios forestales.
Efectos en la salud
Tampoco debemos ignorar otros efectos esperados del cambio climático, asociados a la salud, como la aparición de nuevas enfermedades (o reaparición de algunas hace tiempo olvidadas). Así, en 2018, se han confirmado tres casos de dengue contraídos, por primera vez, en territorio español. También se está expandiendo por nuestras latitudes otro virus, el de la fiebre del Nilo occidental, trasmitido –como el del dengue– por mosquitos, que ha sido la causa de la muerte de 85 personas este verano en varios países de sur de Europa. A consecuencia del calentamiento global, se reproducen las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de las especies de mosquitos que transmiten esos virus.
Aunque no se pueda achacar al cambio climático la ocurrencia de ningún evento meteorológico concreto, todos los escenarios científicos apuntan a que, en conjunción con el aumento de la temperatura media global del planeta, fenómenos extremos de distinta naturaleza, como los mencionados, irán a más en los próximos años.
Estos hechos son algunas pinceladas de lo que conlleva el aumento de 1ºC en la temperatura media de La Tierra. Los científicos ya nos habían advertido de ello. Obviamente, las consecuencias de llegar a un incremento de 1,5ºC serían mucho más graves, como nos ha alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, en siglas inglesas). Para evitar llegar a esa situación, el IPCC reclama realizar colectivamente cambios «de gran alcance y sin precedentes» en nuestro sistema energético y económico.
Desafío mundial
En ese sentido, reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad, el Acuerdo de París reconoce «la importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno y de los diversos actores, de conformidad con la legislación nacional de cada parte, al hacer frente al cambio climático». Y, añade, que la adaptación a este fenómeno es un desafío mundial que «incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales».
El consenso internacional es que ya no basta con mantener una visión descendente (top-down) del problema del cambio climático [es decir, acordar objetivos de reducción de emisiones primero a nivel internacional y luego a nivel nacional y sólo después repartir los esfuerzos de reducción entre los diferentes gobiernos (regionales, provinciales, municipales) y entre sectores], sino que es necesario adoptar un enfoque ascendente (bottom-up) donde los municipios y otros niveles territoriales de la Administración participen al tiempo de manera activa en las políticas de lucha contra el cambio climático.
Protagonismo
Los Estados, pero también los gobiernos regionales, subregionales y ciudades han de ser los pilares de la política global. En este marco, los municipios y los consells insulares adquieren un papel protagonista. Así se reconoce también en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares, en tramitación en el Parlament.
Los Estados, pero también los gobiernos regionales, subregionales y ciudades han de ser los pilares de la política global
Se ha hecho ya un abundante trabajo en la definición de las oportunidades de reducción de emisiones disponibles en estos ámbitos locales y qué medios precisan para ponerlas en marcha. Se trata de que estos entes aprueben y pongan en marcha planes de acción local, que integren en sus políticas el cambio climático en todos sus aspectos (mitigación y adaptación), en una actuación global, en sintonía con los planes autonómicos, y junto a éstos, con los estatales e internacionales.
La importancia de los ayuntamientos y gobiernos insulares para el desarrollo e implementación de reglamentos, planes y medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es muy elevada. Sirva como ejemplos que, a nivel global, casi la mitad del transporte tiene lugar en los municipios, así como el total de las emisiones del sector residencial; la producción de residuos es, así mismo, responsabilidad municipal y supramunicipal.
Los ayuntamientos y los consells insulares tiene que emprender programas de rehabilitación energética de edificios; favorecer el autoconsumo energético y el desarrollo de las energías renovables, tanto en instalaciones centralizadas como en generación distribuida; desarrollar planes de movilidad sostenible que faciliten el acceso a un transporte público y de calidad; propiciar la reutilización y el reciclaje de los residuos, generando de esta forma desarrollo económico y empleo, y reduciendo el impacto ambiental; entre muchas otras cosas más.