Las empresas del ladrillo de Ibiza y Formentera disfrutan desde hace al menos dos años de una nueva época de vacas gordas después de la travesía del desierto iniciada en 2008 por la crisis económica, aunque a un nivel muy inferior al resto del país. Las obras de rehabilitación y reforma pero, sobre todo, la frenética actividad en el sector turístico están disparando las estadísticas e insuflando nueva vida a las constructoras pitiusas.
Pero no todo son buenas noticias. La mayor parte de las grandes obras de reforma de hoteles y apartamentos, por ejemplo, con presupuestos de más de seis cifras, se las quedan empresas de fuera contra las que no pueden competir las locales. ¿Falta de preparación, de medios? En absoluto. La clave está en los gastos que recortan estas multinacionales en personal, por ejemplo, lo que les permite reducir presupuestos y ser más competitivos en los concursos públicos.
Lo explica la presidenta de la Asociación de Constructores de la Pimeef, Consuelo Antúnez, quien apunta directamente a las empresas de fuera que aplican a sus empleados convenios «más laxos» o aquellas que simplemente contratan cuadrillas de obreros sin registrar, «alegales» o directamente ilegales.
La reforma y rehabilitación está gravada con un 21% de IVA y la obra nueva, sólo con un 10%
«No podemos competir en igualdad de condiciones, es imposible. Y además es un problema social porque [los trabajadores], como no tienen aquí a la familia, se hacinan en pisos y trabajan siete días a la semana». Ese ritmo de trabajo sólo puede pagarse con sueldos muy por debajo de los habituales, advierte.
Antúnez remarca que esta circunstancia provoca que el crecimiento registrado en la actividad de la construcción entre 2013 y el pasado año, que cifra en un 107%, no se vea reflejado en la contratación, que únicamente creció un 16% en el mismo periodo. Y de ese incremento de la actividad, señala, tampoco se benefician las empresas de las islas. «Para nosotros no es real», lamenta.
El sector local se ve favorecido sobre todo por las obras de reforma y ampliación, y en gran medida por el boom de obra en suelo rústico que ha provocado la moratoria urbanística. En estos casos, la confianza en el pequeño empresario de la isla resulta clave frente a las grandes empresas de la Península y el extranjero.
Pero incluso la «ventana» que se abre al sector con las reformas no deja entrar todo el aire de la recuperación por culpa del IVA, que se grava con un 21% en estos trabajos cuando para la obra nueva baja al 10%, recuerda Antúnez.
Además, los constructores chocan día sí, día también, con la lentitud de las administraciones. «Con una proyecto con licencia, que lo cumple todo, el Consell puede tardar un año en finalizar la tramitación, y después el ayuntamiento correspondiente tarda más tiempo. Los propietarios e inversores se asustan ante esta incompetencia de las administraciones», explicaba un constructor que prefirió que no se le identificara.
Los aparejadores apuestan por «abrir el horizonte» de la restauración porque puede dar mucho trabajo
La presidenta de los constructores secunda esta protesta y añade un nuevo elemento de crítica: ningún ayuntamiento ha incluido en sus ordenanzas la redacción de los informes de evaluación de edificios, obligatorios desde 2013. Esta sería una vía de trabajo importante para el sector de cara al futuro ante la falta de obra pública y la posibilidad de que la privada se resienta por un nuevo cambio normativo, tan habitual como enojoso para los profesionales en cuanto cambia los gobiernos municipal, insular y autonómico.
El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ibiza y Formentera, José Luís Rodríguez, recuerda a este respecto que la normativa no sólo es obligatoria por ley, sino también por un motivos de seguridad. «Sólo hay que darse una vuelta por Ibiza y mirar cómo están muchos edificios, que dan miedo». Este profesional advierte de que los desperfectos que se observan en las fachadas tienen su reflejo en el interior e incluso en la estructura de muchos inmuebles con años a sus espaldas. «Es una cuestión de seguridad porque algún día pasará una desgracia», advierte.
Precisamente, Rodríguez apunta que hay que «abrir el horizonte de la rehabilitación porque nos puede dar mucho trabajo, por ejemplo con estos informes de evaluación de edificios que deben llevar a cabo todos los municipios, sin excepción. Estos planes se fijan en tres actuaciones: estabilidad estructural, accesibilidad y eficiencia energética.
También valora la inversión en mejoras de muchas empresas hoteleras y anima a que esta política de mejora se extienda a «todas las cadenas, porque muchos establecimientos necesitan realmente una modernización».
En cuanto al estado del sector, estima que «va bien», pero que afronta el futuro a corto plazo con «una incógnita total» por la situación urbanística: «En puertas de un retoque del PTI (Plan Territorial Insular) que no saben por dónde irá, por lo que creo que habrá una moratoria», avanza.
También recuerda la última ley aprobada por el Govern y la ausencia del PGOU de Vila, que debe presentarse en abril. «Ahora estamos en arenas movedizas», afirma.
Mientras tanto, las estadísticas, cabezotas, dibujan un panorama de ensueño para la construcción pitiusa. Según los últimos datos aportados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (para la elaboración de este reportaje no ha sido posible contar con la delegación pitiusa de estos profesionales), en Ibiza casi se triplicaron el pasado año los proyectos para legalizar algún tipo de construcción en suelo rústico. Esto se produjo, como ha recordado el presidente de los aparejadores, a la amnistía urbanística, ya derogada, que incrementó notablemente la actividad constructora en las Pitiüses. Además, la inversión en infraestructuras de alojamiento turístico fue de 37 millones de euros durante el pasado ejercicio, y en legalizaciones se alcanzaron los 76 millones.
La inversión total en proyectos visados en 2015 en Ibiza y Formentera ascendió a 213 millones de euros, un 51,5% más que durante 2014.
Los arquitectos visaron el pasado año un total de 461 actuaciones en las Pitiüses por un valor global de 76,4 millones de euros. Todo ello antes de la derogación de la mencionada amnistía urbanística, según los datos del Colegio de Arquitectos de Balears.
Aunque el colegio no dispone de información exacta de cuántos expedientes de legalización en suelo rústico corresponden a la normativa que aplicaba la moratoria, la Disposición Transitoria Décima (DT10ª) de la LOUS, estima que el 90% de los expedientes de legalización son motivados por esta disposición y el 10% restante corresponden al procedimiento normal de legalización. Los datos se refieren a la totalidad de los expedientes de legalización en suelo rústico.
La isla pasa de puntillas por la crisis
Dos reconocidos empresarios locales han analizado la situación del sector desde su experiencia. Pep Simón, de Simón Construye, y Alfredo Palau, de Construcciones Palau, coincide en señalar que Ibiza y Formentera han pasado «de puntillas» por la crisis que ha devastado el sector de la construcción en todo el país, dejando a su paso un solar vacío de empresas. Palau incluso asegura que no ha dejado de crecer todos estos años y explica que cuando empezaron, en 2002, contaban con 20 empleados y una grúa y ahora tienen una plantilla de 80 trabajadores y una docena de grúas. Simón, que lleva 25 años en la profesión, destaca que la actividad no se ha paralizado pero sí ha notado un repunte en los últimos dos años. Como Palau, apuntan a las obras de reforma y mantenimiento y también al fuerte impulso inversor en el sector turístico.