Objetivo: demoler La Bomba

25 años

Metidos en campaña electoral, Toni Costa, que luchaba por renovar su escaño como socialista en el Congreso por Balears, anunciaba el 27 de abril de 1993 que el edificio La Bomba, situado en los Andenes, sería demolido ese mismo año si el Consell, a través de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU), daba su aprobación al proyecto de ampliación del puerto de Vila. Desde el PP se replicó que echar abajo ese mamotreto no debería ponerse como condición. Tenía que tirarse abajo y punto, porque sí. Los populares sí apostaban por un acuerdo para la retirada de los depósitos de Campsa y Butano de sus emplazamientos. Además, el presidente del Consell pitiuso, Antoni Marí Calbet, advirtió de que la CIU no aprobaría el plan especial del puerto mientras el Ministerio de Obras Públicas no incluyera el derribo de La Bomba.

Cabreo entre los vecinos y comerciantes de sa Penya porque el barrio era considerado «un punto negro» para turistas

La Asociación de Vecinos y Comerciantes de sa Penya se movilizó para pedir al conseller insular de Turismo, Pere Palau, que hiciera todo lo posible para que ese barrio de Vila no fuera catalogado por los profesionales turísticos como «un punto negro», un lugar «no aconsejado para las visitas». Los miembros de la asociación aseguraban que «únicamente dos áreas» concentraban la inseguridad del barrio. Todo sigue igual.

50 años

DDT en 40 hectáreas de ses Salines. En abril de 1968 se escuchó cantar en catalán en Salamanca, tal como informó a Diario de Ibiza Florencio Arnán, director de la Bienal. La facultad de Medicina salmantina acogió un concierto de María del Mar Bonet, Marián Albero y «el ibicenco Isidor», al que el periódico identificaba como «Isidoro Marí Mayans». Del pitiuso, la revista decía que «se llevó los mayores aplausos». Un entomólogo de la dirección general de Sanidad estatal recomendó exterminar los mosquitos de ses Salines mediante «el rociamiento aéreo de 400 hectáreas con malathion» (calificado como probablemente cancerígeno), así como rociar «otras 40 hectáreas con DDT» (de uso prohibido) mediante aspersión. Una bomba ecológica.

75 años

Otro caído de la División Azul. Si en febrero había sido el joven Jorge Asenjo Pineda quien fallecía en el campo de batalla de Krasny Bor, cerca de Leningrado (actual San Petersburgo), se comunicaba el 27 de abril de 1943 que el sargento de Artillería Antonio Recio Cerqueira había muerto «gloriosamente» a la edad de 23 años en «el frente del Este». Apuntado como voluntario en la División Azul que combatió junto al Ejército alemán contra la URSS, Recio había partido hacia Rusia desde Ibiza, donde tenía su destino como parte de la 66ª Batería de Regimiento de Costa número 5: «Marchó a aquel frente impulsado por sus hondas convicciones falangistas y su acendrado patriotismo», contaba Es Diari.

100 años

Cacheos a los payeses armados. Hace un siglo, eso de llevar armas por la calle parecía tan normal como tener un móvil en el bolsillo, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Vila, a través del alcalde de barrio Juan Roig Boned, publicó un largo texto (a modo de artículo de opinión) el 24 de abril de 1918 en el que recordaba a lo que se atenían quienes portaran o usaran «armas prohibidas». Los navajazos por rencillas, malas miradas o celos eran moneda corriente. Esto era como el far west, pero pitiuso.

«Encuentro que son de aplaudir –decía el edil– los cacheos que practican la Guardia Civil, la Guardia municipal diurna y la nocturna, abrigando yo la creencia de que cuanto más frecuentes sean los cacheos de referencia, más buenos serán los resultados». Estaba convencido de que «vendría el día en que acabaría el uso de armas prohibidas».

Daba fe el concejal de que «quitada un arma, al poco rato otra puede ser adquirida en el comercio». De ahí que apostara por cacheos continuos: «Podrían quitarse armas prohibidas tantas veces como fuesen adquiridas, lo que saldría caro al que las llevase».

Roig culpaba de ese uso y posesión de cuchillos o pistolas a los payeses que venían a Vila, no a los urbanitas, y detallaba dónde y cómo ocultaban las armas: «No habrá payés que fuese atrevido a entrar en esta ciudad con armas bajo el cinto, bajo el sombrero que calza o bien dentro de su calzado de pita y esparto, que es de costumbre en nuestro campo».

Insistía el edil en que era «partidario de los cacheos con frecuencia desde la cintura, bolsillos y demás escondrijos del payés». Opinaba así «sin el menor átomo de querer herir el honor de nadie; esta es la pura verdad, fruto del amor cívico, fruto de la belleza del sentimiento y fruto de la previsión».

Mientras tanto, los presupuestos generales del Estado incluían 2.172 pesetas para el estudio de la carretera de sa Cala, así como 20.000 pesetas para reparación de carreteras «con el objeto de atenuar la crisis obrera».

Y se anunciaba que en las próximas semanas, la audiencia provincial juzgaría a Antonio Tur por «expedición de moneda y billetes falsos».